El documento examina la reorganización del sistema pensional bajo la Ley 2381 de 2024 hacia un esquema de pilares complementarios, donde los primeros 2,3 SMMLV se destinan a Colpensiones y el excedente al ahorro individual, reduciendo subsidios regresivos a pensiones altas e integrando a más personas vulnerables mediante los pilares solidario y semicontributivo. Pese a mejorar la cobertura social y la equidad distributiva, la reforma traslada un mayor riesgo actuarial y fiscal al Estado, enfrentando serias restricciones por la persistente informalidad laboral (54,5%) y el acelerado envejecimiento poblacional proyectado hacia 2060, lo que condiciona su sostenibilidad a la disciplina fiscal, el crecimiento del empleo formal y la productividad.